Los ocho pendientes de México en torno a los Derechos Humanos

Por Leticia Rebeca Gasca. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió 91 recomendaciones a México orientadas a mejorar el respeto a las garantías individuales, de las cuales el gobierno mexicano aceptó 83 y dejó ocho en espera. Lo curioso, es la escasez de información respecto a las recomendaciones rechazadas que, por cierto, son las siguientes:

1. Abolir la figura jurídica de "arraigo", que obliga a una persona, por orden de las autoridades, a permanecer en arraigo domiciliario sin inculpación, una medida que para Nueva Zelanda y Suiza podría considerarse una detención arbitraria.
2. Compaginar con su legislación interna la definición de "crimen organizado" que estipula la Convención de Naciones Unidas promulgada en Palermo, Italia.
3. Garantizar que todas las violaciones de los derechos humanos sean atendidas por tribunales civiles, salvo las situaciones específicas que se reservan a la jurisdicción militar, como la insubordinación, deserción y traición.
4. Conceder jurisdicción a sus autoridades civiles y tribunales en los actos humanos y violaciones de garantías individuales cometidas por miembros del ejército en el desempeño de funciones de aplicación de la ley.
5. Dar seguimiento a las recomendaciones del Comité Contra la Tortura y la Oficina del Alto Comisionado para la autonomía de los tribunales civiles y que estos puedan juzgar los delitos contra los derechos humanos, en particular la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por personal militar, incluso cuando se afirma que fueron relacionadas con el servicio.
6. Reestablecer la oficina del Fiscal Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado o en su caso, crear una oficina similar, que significaría una clara señal hacia la lucha contra la impunidad para las víctimas y sus familias.
7. Revisar el código de justicia militar para adecuarlo a estándares internacionales.
8. Asegurar la supremacía de la justicia civil sobre la militar.

Sin embargo, se recibieron con satisfacción las recomendaciones referidas al sistema de justicia, la armonización legislativa, el fortalecimiento de políticas públicas, la lucha contra la discriminación, el combate a la violencia contra la mujer, la protección de los periodistas y los derechos indígenas y los migrantes, entre otros.

Estas recomendaciones fueron formuladas en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) de la situación de los derechos humanos a los que se someten todos los miembros de la ONU cada cuatro años.